La Corte Suprema ha dado una muestra de independencia del poder político al no expedirse sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios con anterioridad a las elecciones legislativas a celebrarse este fin de semana. Mientras tanto el escrutinio de la ley se ha intensificado en el ámbito internacional a través de las nuevas críticas de la SIP así como la audiencia que van a mantener la próxima semana períodistas críticos al gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) se ha pronunciado enérgicamente sobre el estado de situación de la libertad de expresión en nuestro país en el informe realizado con motivo de la Asamblea General llevada a cabo durante estos días en Denver, Estados Unidos. Dicho reporte denuncia graves afectaciones a la libertad de expresión de los medios locales (Ver informe http://www.sipiapa.org/asamblea/argentina-145/?i=1) durante el último semestre, destacándose las prácticas de cepo publicitario y arbitraria distribución de la publicidad oficial que comprometen la sustentabilidad de los medios privados, y por ende su independencia periodística. 

Asimismo la ley de medios fue objeto de cuestionamientos principalmente en relación a las siguientes cuestiones:

i)             Aplicación selectiva de su texto por parte del gobierno, a manera de sistema de premios y castigos –al igual que la publicidad oficial-.

ii)            A cuatro años de su sanción se observa una pronunciada colonización de medios por parte del gobierno,

iii)           Multiplicación de nuevas licencias para actores estatales (que alcanzaron al 96% de las licencias otorgadas),

iv)           Fracaso de los concursos de televisión digital para el sector privado y una aplicación selectiva de la norma. La misma es utilizada –al igual que la publicidad oficial- como sistema de premios y castigos.

v)            Restricción del funcionamiento, sin justificación técnica, de medios que no usan espectro radioeléctrico – como las señales audiovisuales o los operadores de cable.

vi)           Genera discriminación entre distintos operadores, favoreciendo el control de los medios por empresas contratistas del Estado y privilegiando la cobertura de las voces estatales en desmedro de las restantes.

El gobierno hace oídos sordos a estas serias denuncias, justificándose en que considera a la SIP como un lobby de empresarios de medios contra la democracia y la libertad", conforme declaraciones del titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, al cuestionar al organismo.  

Sin embargo las amenazas que pesan sobre los medios locales se vienen dispersando en el contexto internacional y han llevado a otro organismo como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuyo prestigio nadie puede desconocer, a conceder una audiencia a los periodistas Magdalena Ruiz Guiñazú / Joaquín Morales Solá / Nelson Alberto Castro / José Ricardo Eliaschev / Alfredo Lewkowicz (Alfredo Leuco) / Luis Miguel Majul / Mariano Obarrio para que se explayen sobre el estado del derecho de libertad de expresión en la Argentina.

Dicha audiencia se llevará a cabo el 1 de noviembre de 2013 (Ver calendario de audiencia del 149º período de sesiones en el siguiente link  http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/Calendario149esp.pdf),

tal vez una vez que la Corte Suprema de nuestro país se haya expedido sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios, luego de haber soportado varios de sus integrantes presiones por parte del Poder Ejecutivo Nacional. 

Sin dudas que este último evento ante la CIDH puede tener un impacto procesal dado que seguramente el Grupo Clarín si la Corte Suprema resuelve a favor de la constitucionalidad de la Ley de Medios recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.