Principios Internacionales sobre la aplicación de los Derechos Humanos a la vigilancia de las comunicaciones.

Texto sobre los principios aplicables a la vigilancia electrónica

La Corte Suprema ha dado una muestra de independencia del poder político al no expedirse sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios con anterioridad a las elecciones legislativas a celebrarse este fin de semana. Mientras tanto el escrutinio de la ley se ha intensificado en el ámbito internacional a través de las nuevas críticas de la SIP así como la audiencia que van a mantener la próxima semana períodistas críticos al gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) se ha pronunciado enérgicamente sobre el estado de situación de la libertad de expresión en nuestro país en el informe realizado con motivo de la Asamblea General llevada a cabo durante estos días en Denver, Estados Unidos. Dicho reporte denuncia graves afectaciones a la libertad de expresión de los medios locales (Ver informe http://www.sipiapa.org/asamblea/argentina-145/?i=1) durante el último semestre, destacándose las prácticas de cepo publicitario y arbitraria distribución de la publicidad oficial que comprometen la sustentabilidad de los medios privados, y por ende su independencia periodística. 

Asimismo la ley de medios fue objeto de cuestionamientos principalmente en relación a las siguientes cuestiones:

i)             Aplicación selectiva de su texto por parte del gobierno, a manera de sistema de premios y castigos –al igual que la publicidad oficial-.

ii)            A cuatro años de su sanción se observa una pronunciada colonización de medios por parte del gobierno,

iii)           Multiplicación de nuevas licencias para actores estatales (que alcanzaron al 96% de las licencias otorgadas),

iv)           Fracaso de los concursos de televisión digital para el sector privado y una aplicación selectiva de la norma. La misma es utilizada –al igual que la publicidad oficial- como sistema de premios y castigos.

v)            Restricción del funcionamiento, sin justificación técnica, de medios que no usan espectro radioeléctrico – como las señales audiovisuales o los operadores de cable.

vi)           Genera discriminación entre distintos operadores, favoreciendo el control de los medios por empresas contratistas del Estado y privilegiando la cobertura de las voces estatales en desmedro de las restantes.

El gobierno hace oídos sordos a estas serias denuncias, justificándose en que considera a la SIP como un lobby de empresarios de medios contra la democracia y la libertad", conforme declaraciones del titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, al cuestionar al organismo.  

Sin embargo las amenazas que pesan sobre los medios locales se vienen dispersando en el contexto internacional y han llevado a otro organismo como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuyo prestigio nadie puede desconocer, a conceder una audiencia a los periodistas Magdalena Ruiz Guiñazú / Joaquín Morales Solá / Nelson Alberto Castro / José Ricardo Eliaschev / Alfredo Lewkowicz (Alfredo Leuco) / Luis Miguel Majul / Mariano Obarrio para que se explayen sobre el estado del derecho de libertad de expresión en la Argentina.

Dicha audiencia se llevará a cabo el 1 de noviembre de 2013 (Ver calendario de audiencia del 149º período de sesiones en el siguiente link  http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/Calendario149esp.pdf),

tal vez una vez que la Corte Suprema de nuestro país se haya expedido sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios, luego de haber soportado varios de sus integrantes presiones por parte del Poder Ejecutivo Nacional. 

Sin dudas que este último evento ante la CIDH puede tener un impacto procesal dado que seguramente el Grupo Clarín si la Corte Suprema resuelve a favor de la constitucionalidad de la Ley de Medios recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Hoy aparece una nota de opinión en el Cronista Comercial sobre la Ley de Medios y los estándares interamericanos escrito por el constitucionalista Andrés Gil Dominguez. La referida nota hace una equiparación de la situación de adecuación del Grupo Clarín a la Ley de Medios argentina con la no renovación de la licencia TV Caracol en Venezuela.

 Pese a que el artículo resulta ser provocador no coincido con la comparación puesto que consideró que hay una diferencia fundamental en las supuestas afectaciones a los derechos humanos en estos países. Esa crucial diferencia está dada por el rol que ha venido desempeñando el Poder Judicial en cada uno de los dos países. Es más en la Argentina la supuesta medida violatoria de la libertad de expresión no se aplica justamente por un pronunciamiento del Poder Judicial a través de una medida cautelar. 

Lo que sin duda es parecido es el actuar persecutorio y atentatorio de la libertad de expresión de la oposición por ambas administraciones, aunque en grados diferentes. 

Si bien el caso Marcel Granier vs Venezuela (Radio Caracas Televisión) recién ha sido remitido por la Comisión Interamericana a la Corte Interamericana, se deberá estar sumamente atento sobre los alcances de dicho pronunciamiento puesto, como bien la Comisión señala en la elevación de las actuaciones a la Corte, "permitirá a la Corte pronunciarse por primera vez sobre las afectaciones al derecho a la libertad de expresión, en su doble dimensión, como consecuencia de los actos estatales relacionados con la asignación de licencias de radio y televisión. En la decisión del presente caso la Corte está llamada a establecer cuáles son las salvaguardas sustantivas y procesales necesarias para asegurar que estos procesos no se conviertan en mecanismos de restricción indirecta sobre la libertad de expresión que, no obstante tener un velo de legalidad, lo que buscan es presionar o castigar y premiar o privilegiar a los comunicadores y comunicadoras sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas. 

Asimismo, el presente caso le permitirá a la Corte profundizar su jurisprudencia en cuanto al principio de igualdad y no discriminación, concretamente cuando los Estados efectúan diferencias de trato basadas en la opinión política. La Corte está llamada a pronunciarse sobre el escrutinio que corresponde realizar en estos supuestos, así como los parámetros probatorios y criterios sustantivos que deben ser tenidos en cuenta para evaluar si una diferencia de trato de esta naturaleza es compatible o no con la Convención."

Nota en el Cronista Comercial