Los siguientes eventos ocurridos durante la última semana en la Argentina hacen pensar que la libertad de expresión en el país ha vuelto a la edad de piedra.

Detención de periodista en Santiago del Estero por el delito de sedición.


El análisis jurídico de la extraña medida judicial solicitada por un empresario próximo al gobierno impidiendo cualquier información vinculada con sus empresas.


La noticia del proyecto de ley de Entre Ríos proponiendo la posibilidad de desconectar las redes sociales en caso de conflicto social.

En Argentina se publicó en el Boletín Oficial del día de la fecha la ley sancionada de repositorios digitales institucionales de acceso abierto.

Ley 26.899 - Repositorios digitales institucionales de acceso abierto.

Sancionada: Noviembre 13 de 2013

Publicada en el Boletín Oficial: 09/12/2013

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de
Ley:

ARTICULO 1º — Los organismos e instituciones públicas que componen el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), conforme lo prevé la ley 25.467, y que reciben financiamiento del Estado nacional, deberán desarrollar repositorios digitales institucionales de acceso abierto, propios o compartidos, en los que se depositará la producción científico-tecnológica resultante del trabajo, formación y/o proyectos, financiados total o parcialmente con fondos públicos, de sus investigadores, tecnólogos, docentes, becarios de posdoctorado y estudiantes de maestría y doctorado. Esta producción científico-tecnológica abarcará al conjunto de documentos (artículos de revistas, trabajos técnico-científicos, tesis académicas, entre otros), que sean resultado de la realización de actividades de investigación.

ARTICULO 2º — Los organismos e instituciones públicas comprendidos en el artículo 1°, deberán establecer políticas para el acceso público a datos primarios de investigación a través de repositorios digitales institucionales de acceso abierto o portales de sistemas nacionales de grandes instrumentos y bases de datos, así como también políticas institucionales para su gestión y preservación a largo plazo.

ARTICULO 3º — Todo subsidio o financiamiento proveniente de agencias gubernamentales y de organismos nacionales de ciencia y tecnología del SNCTI, destinado a proyectos de investigación científico-tecnológica que tengan entre sus resultados esperados la generación de datos primarios, documentos y/o publicaciones, deberá contener dentro de sus cláusulas contractuales la presentación de un plan de gestión acorde a las especificidades propias del área disciplinar, en el caso de datos primarios y, en todos los casos, un plan para garantizar la disponibilidad pública de los resultados esperados según los plazos fijados en el artículo 5° de la presente ley.
A los efectos de la presente ley se entenderá como "dato primario" a todo dato en bruto sobre los que se basa cualquier investigación y que puede o no ser publicado cuando se comunica un avance científico pero que son los que fundamentan un nuevo conocimiento.

ARTICULO 4º — Los repositorios digitales institucionales deberán ser compatibles con las normas de interoperabilidad adoptadas internacionalmente, y garantizarán el libre acceso a sus documentos y datos a través de Internet u otras tecnologías de información que resulten adecuadas a los efectos, facilitando las condiciones necesarias para la protección de los derechos de la institución y del autor sobre la producción científico-tecnológica.

ARTICULO 5º — Los investigadores, tecnólogos, docentes, becarios de posdoctorado y estudiantes de maestría y doctorado cuya actividad de investigación sea financiada con fondos públicos, deberán depositar o autorizar expresamente el depósito de una copia de la versión final de su producción científico-tecnológica publicada o aceptada para publicación y/o que haya atravesado un proceso de aprobación por una autoridad competente o con jurisdicción en la materia, en los repositorios digitales de acceso abierto de sus instituciones, en un plazo no mayor a los seis (6) meses desde la fecha de su publicación oficial o de su aprobación.

Los datos primarios de investigación deberán depositarse en repositorios o archivos institucionales digitales propios o compartidos y estar disponibles públicamente en un plazo no mayor a cinco (5) años del momento de su recolección, de acuerdo a las políticas establecidas por las instituciones, según el artículo 2º.

ARTICULO 6º — En caso que las producciones científico-tecnológicas y los datos primarios estuvieran protegidos por derechos de propiedad industrial y/o acuerdos previos con terceros, los autores deberán proporcionar y autorizar el acceso público a los metadatos de dichas obras intelectuales y/o datos primarios, comprometiéndose a proporcionar acceso a los documentos y datos primarios completos a partir del vencimiento del plazo de protección de los derechos de propiedad industrial o de la extinción de los acuerdos previos antes referidos.

Asimismo podrá excluirse la difusión de aquellos datos primarios o resultados preliminares y/o definitivos de una investigación no publicada ni patentada que deban mantenerse en confidencialidad, requiriéndose a tal fin la debida justificación institucional de los motivos que impidan su difusión. Será potestad de la institución responsable en acuerdo con el investigador o equipo de investigación, establecer la pertinencia del momento en que dicha información deberá darse a conocer.
A los efectos de la presente ley se entenderá como "metadato" a toda aquella información descriptiva sobre el contexto, calidad, condición o características de un recurso, dato u objeto, que tiene la finalidad de facilitar su búsqueda, recuperación, autentificación, evaluación, preservación y/o interoperabilidad.

ARTICULO 7º — El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva será la autoridad de aplicación de la presente ley y tendrá a su cargo las siguientes funciones:

a) Promocionar, consolidar, articular y difundir los repositorios digitales institucionales y temáticos de ciencia y tecnología de la República Argentina;

b) Establecer los estándares de interoperabilidad que deberán adoptar los distintos repositorios institucionales digitales de ciencia y tecnología, en el marco del Sistema Nacional de Repositorios Digitales en Ciencia y Tecnología que funciona en el ámbito de la biblioteca electrónica, creada mediante resolución 253/2002 de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva;

c) Promover y brindar asistencia técnica integral a las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para la generación y gestión de sus repositorios digitales;

d) Implementar las medidas necesarias para la correcta aplicación de la presente ley.

ARTICULO 8º — El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley por parte de las instituciones y organismos referidos en los artículos 1º y 2°, y por parte de las personas enumeradas en el artículo 5º, los tornará no elegibles para obtener ayuda financiera pública para soporte de sus investigaciones.

ARTICULO 9º — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

En el día de acceso a la información pública se recomienda la lectura del informe de ADC, un fuerte peleador de este derecho, donde se denuncia la grosera práctica de justificar el no acceso a información pública bajo la excusa de defender los datos personales sobre los que se solicita la información.

En esta página se puede acceder al informe titulado un mal balance.

La presencia de Frank La Rue en Buenos Aires nos debe ayudar a considerar que existen otras cuestiones relevantes en materia de libertad de expresión a parte de la Ley de Medios.

Nota de Santiago O Donell sobre la visita.

The US Supreme Court reduces the scope of the right to information access

Arstechnica comment on Supreme Court ruling

La Corte Suprema en el día de ayer ha dictado uno de esos fallos emblemáticos que quedan grabados en la jurisprudencia constitucional argentina al reconocer en forma terminante el derecho de acceso a la información pública.

No hay mal que por bien no venga. Decimos esto frente a los recientes y continuos tropiezos que venía padeciendo el derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública en la Argentina y que ha venido a resurgir en su plenitud frente al referido fallo de la Corte Suprema.  

El tropiezo más fatídico sin duda había sido la pérdida de estado parlamentario del proyecto de ley que había sido aprobado en el Senado, frente a la inactividad del oficialismo en la Cámara de Diputados, que cuenta con mayoría propias, para aprobarlo.  Esta adrede actitud omisiva se ve agravada frente a la celeridad demostrada para aprobar proyectos de ley impulsados por el Poder Ejecutivo Nacional. Sin duda este gobierno ha perdido una oportunidad histórica de atribuirse el reconocimiento de la operatividad de esta garantía constitucional tan esencial para la democracia republicana y la transparencia de los actos de gobierno. En tal sentido no resulta suficiente contar con el mecanismo dispuesto por el Decreto 1172/03 en su Anexo VII, puesto que el reconocimiento de dicha garantía en la situación actual depende de su vigencia en la actualidad de la voluntad presidencial.  

Otro de los embates proferidos la garantía de acceso a la información pública en el último tiempo estuvieron vinculados con la tan controversial, en cuanto a su aplicación, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde la autoridad de aplicación estaba obligada en virtud de la referida normativa legal a transparentar la situación del sector y sus operadores. Extremo que no sólo nunca cumplió sino que se vio agravado frente a la denegación del acceso a la información pública que debía estar a disposición del público en virtud de lo establecido por la propia ley. 

Por último también resultaba preocupante cierta tendencia doctrinaria, entre los que se encuentran el Director Nacional de Protección de Datos Personales, a exigir una legitimación bastante calificada por parte del requirente del acceso a la información pública. 

Las cuestiones más auspiciosas que pude rescatar de una primera rápida lectura del fallo son las siguientes: 

Legítimación activa y pasiva bastante amplia.  

“ ……..aclaraciones sobre el significado y amplitud del referido derecho de "acceso a la información", a efectos de demostrar que, aun cuando el recurrente no posea naturaleza estatal, dadas sus especiales características y los importantes y trascendentes intereses públicos involucrados, la negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática e implica, en consecuencia, una acción que recorta en forma severa derechos que son reservados -como se verá- a cualquier ciudadano, en tanto se trate de datos de indudable interés público y que hagan a la transparencia y a la publicidad de gestión de gobierno, pilares fundamentales de una sociedad que se precie de ser democrática.”

En este sentido la Corte Interamericana en el caso Claude Reyes y otros señaló que " ... la Corte estima que el articulo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" y a "recibir" "informaciones", protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho articulo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legitima restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea" (CIDH, Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, sentencia del 19 de septiembre de 2006, Serie C, 151, párr. 77).

El fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan, mediante el acceso a la información. En tal sentido se observa que la Corte Internacional impuso la obligación de suministrar la información solicitada y de dar respuesta fundamentada a la solicitud en caso de negativa de conformidad con las excepciones dispuestas; toda vez ( ... ) que "la información pertenece a las personas, la información no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno. Este tiene la información solo en cuanto representante de los individuos. El Estado y las instituciones públicas están comprometidos a respetar y garantizar el acceso a la información a todas las personas. El Estado debe adoptar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para promover el respeto a ese derecho y asegurar su reconocimiento y aplicación efectivos. El Estado está en la obligación de promover una cultura de transparencia en la sociedad y en el sector público, de actuar con la debida diligencia en la promoción del acceso a la información, de identificar a quienes deben proveer la información, y de prevenir los actos que lo nieguen y sancionar a sus infractores ... " (CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, párr. 282; Principios de Lima. Principio 4 "Obligación de las autoridades"; Declaración de SOCIUS Perú 2003, Estudio Especial citado, párr. 96).

En cuanto a la legitimación pasiva cabe señalar que para que los Estados cumplan con su obligación general de adecuar su ordenamiento interno con la Convención Americana en este sentido, no solo deben garantizar este derecho en el ámbito puramente administrativo o de instituciones ligadas al Poder Ejecutivo, sino a todos los órganos del poder público. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte permitiria afirmar que, al regular y fiscalizar las instituciones que ejercen funciones públicas, los Estados deben tener en cuenta tanto a las entidades públicas corno privadas que ejercen dichas funciones (Corte IDH, Caso Ximenes López, sentencia del 4 de julio de 2006. Serie C. N° 149, párrafos 141, 80 Y 90). Lo importante es que se centre en el servicio que dichos sujetos proveen o las funciones que ejercen. Dicha amplitud supone incluir corno sujetos obligados no solamente a los órganos públicos estatales, en todas sus ramas y niveles, locales o nacionales, sino también a empresas del Estado, hospitales, las instituciones privadas o de otra indole que actúan con capacidad estatal o ejercen funciones públicas (párr. 102 del Estudio de la Relatoria citado en los considerandos anteriores).

Principio de máxima divulgación

Uno de los puntos a destacar en la sentencia Reyes es el reconocimiento del "principio de máxima divulgación" La Corte Interamericana, luego de destacar la relación existente entre el carácter representativo del sistema democrático enfatizó que: "( ... ) En una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones (párr. 92, del caso Claude Reyes y otros, citado), pues "( ... ) El actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación de la gestión pública a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso" (confr. párr. 86, sentencia mencionada).

Alcance de la libertad de prensa. Posible impacto de esta argumentación en relación al conflicto entre el Gobierno y el Grupo Clarin.

 

Asimismo recientemente, y en lo que a publicidad oficial se refiere, en "Editorial Rio Negro SA cl Neuquén, Provincia de (Fallos: 330:3908), este Tribunal destacó la correlación directa e inmediata entre el derecho de acceso a la información y la publicidad oficial con el derecho a la libertad de prensa. Señaló " ...que es deber de los tribunales proteger los medios para que exista un debate plural sobre los asuntos públicos, que constituye un presupuesto esencial para el gobierno democrático” (confr. considerando 10, voto de la mayoria), dando cuenta de que "la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción a las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente•

Asimismo recordó que "la dimensión social de la libertad de expresión” ( ... ) implica ( ... ) un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno ... " (confr. segundo párrafo del considerando 10 y sus citas, y en el mismo sentido confr. Fallos: 334:109 y causa E.84.XLV "Editorial Perfil S.A. y otro c/ E. N. -Jefatura de Gabinete de Ministros- SMC", sentencia del 2 de marzo de 2011) .

13) Que en función de todo lo hasta aquí dicho, el objeto del reclamo trata de la solicitud de una información pública a una institución que gestiona intereses públicos y que detenta una función delegada del Estado, siendo indiscutible la interacción entre el ente demandado y la administración estatal (confr. dictamen fiscal de fs. 92/97). Por lo que, con ese alcance, la asociación actora posee el derecho a que le brinden la información solicitada en forma completa y la demandada tiene la obligación de brindarlo, siempre que no demuestre –circunstancia que no se ha dado en la especie- que le cabe alguna restricción legal.

La información como oxígeno de la democracia. 

14) Que en el mismo sentido cabe mencionar que "Se ha descrito a la información como 'oxígeno de la democracia', cuya importancia se vislumbra en diferentes niveles. Fundamentalmente la democracia consiste en la habilidad de los individuos de participar efectivamente en la toma de decisiones que los afecten. Esta participación depende de la información con que se cuente". Asimismo, es menester recordar que " ... De lo expuesto ( ... ) se desprende la importancia de la existencia de un régimen jurídico claro, completo y coherente que establezca las pautas del derecho de acceso a la información para que se adopten las medidas que garanticen su ejercicio. El acceso a la información promueve la rendición de cuentas y la transparencia dentro del Estado y permite contar con un debate público sólido e informado. De esta manera, un apropiado régimen jurídico de acceso a la información habilita a las personas a asumir un papel activo en el gobierno, condición necesaria para el mantenimiento de una democracia sana" (confr. Punto 9, "Relación entre el derecho de acceso a la información en poder del Estado y el derecho a la participación política consagrado en el artículo 23 de la Convención Americana CIDH, párrs. 138 y 140 del Estudio Especial ya citado) .

 

 
En este vínculo se puede obtener el fallo completo y un comentario sobre los pormenores del mismo.

El derecho de autor como un arma de censura a cargo de un gobierno que se dice popular.

Hace tiempo que me viene dando vueltas en la cabeza la tensión existente entre la propiedad intelectual y la libertad de expresión en Internet. Más teniendo en cuenta las recientes regulaciones que vienen apareciendo en Latino América priorizando el derecho de propiedad intelectual, tal vez como consecuencia de los tratados bilaterales que han suscripto diferentes países con Estados Unidos.

El proceso que habitualmente sigo para escribir sobre un tema que me inquieta y sobre el que tengo posición tomada, es leer materiales ya sea de especialistas que analicen con profundidad el tema de mi interés. A esto lo complemento con noticias no jurídicas sobre lo que está sucediendo en los últimos meses en relación a dicho tema. Aunque a veces el proceso es inverso, es decir que como consecuencia de las noticias que leo me surgen inquietudes regulatorias o jurídicas sobre esa cuestión.

Estaba leyendo un informe del CELE sobre este tema, cuando me cruce con la noticia cuyo link adjunto más abajo. Me quedé sin fuerzas para seguir pensando en lo que estaba garabateando.



Una interesante denuncia tomada por Señales de derechoaleer.org

Four Cases That Promoted Transparency in 2011 in the United States

https://www.eff.org/deeplinks/2011/12/four-cases-promoted-transparency-2011