Frente a la abundante información sobre nuevas tecnologías y modernidad resulta difícil reflexionar sobre sus aristas y entramados sin un mínimo intercambio de opiniones. Este espacio da su mirada desde el derecho y pretende trae a la palestra de análisis temas de interés que en algún momento podrán ser de utilidad para algún visitante o bien para mi mismo. Sin grandes aspiraciones pero con mucho placer por bloggear.
The chief obstacle to being part of the 21st century world — in which jobs, education, healthcare, and access to government services are all online — is the cost of high-speed access and computers.
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lunes, 15 de febrero de 2016
martes, 12 de enero de 2016
Excelente reporte sobre el estado de situación de los datos personales en la Unión Europea. Los casos Costeja (derecho al olvido), Schrems (Safe Harbour con EEUU), Facebook y su tratamiento de datos en Bélgica, y Google con las acusaciones de defensa de la competencia.
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Vigilancia
sábado, 19 de diciembre de 2015
jueves, 19 de noviembre de 2015
Serious implications that may arise from the reassignment of online privacy regulation from FTC to FCC
The FCC/FTC battle over authority on privacy issues
As a result of the FCC’s decision to classify broadband under Title II of the Communications Act, the regulation of online privacy has been moved from the FTC to the FCC.
While this may appear to be a minor bureaucratic reassignment, it weakens protections for America’s consumers, deprives them of the FTC’s 20 years of expertise on the privacy beat, and divests consumers of the ability to get remuneration when actors are charged with wrongdoing.
The two agencies are carving out their respective turf in an ecosystem where there will inevitably be overlaps as well as holes, but it does not bode well for industry and consumers, both of which want the digital experience to be seamless. From the Article 1 perspective, Congress should be concerned with how privacy is regulated and the role of regulatory agencies. That this power of enforcement can shift with a mere 3-2 vote by the FCC demonstrates the precarious nature of partisan politics.
Source
miércoles, 7 de octubre de 2015
El Tribunal Superior de la Unión Europea viene a tallar el derecho de privacidad de los europeos al no reconocer la validez del acuerdo suscripto entre la Unión Europea y Estados Unidos sobre transferencia de datos personales de ciudadanos europeos. Habrá que analizar los impactos. Tener en cuenta que Argentina está en la misma situación de reconocimiento del marco legal sobre protección de datos personales que la Unión Europea.
sábado, 19 de septiembre de 2015
viernes, 21 de agosto de 2015
La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales reglamentó el registro NO LLAME a nivel nacional establecido por Ley 26.951
Reglamentación del registro no llame nacional
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales SERVICIOS DE TELEFONÍA
Disposición 44/2015
Registro Nacional “No Llame”. Ley N° 26.951. Denuncias por incumplimientos.
Bs. As., 18/08/2015
VISTO el Expediente N° S04:0033974/2015 del registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, la Ley Nº 26.951 y su reglamentación aprobada por el Decreto Nº 2501 del 17 de diciembre de 2014, y CONSIDERANDO: Que entre las atribuciones asignadas a esta Dirección Nacional se encuentra la de dictar las normas reglamentarias que se deben observar en el desarrollo de las actividades comprendidas por la Ley N° 26.951 y el Decreto N° 2501/14. Que por Ley N° 26.951 se crea, en el ámbito de la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME” con el objeto de proteger a los titulares o usuarios autorizados de los servicios de telefonía, en cualquiera de sus modalidades, de los abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados. Que el artículo 10 de la mencionada ley establece que el titular o usuario autorizado del servicio de telefonía en cualquiera de sus modalidades podrá realizar la denuncia por incumplimiento a dicha norma ante la autoridad de aplicación. Que el artículo 11 de la misma norma legal dispone que la autoridad de aplicación iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones de la Ley N° 26.951, siendo pasibles, en su caso, de las sanciones previstas en la Ley N° 25.326. Que el artículo 10 del Decreto Nº 2501/14, reglamentario de la Ley N° 26.951, determina los datos que el denunciante deberá comunicar a la autoridad de aplicación, por los medios que esta establezca, para interponer denuncias frente a incumplimientos de la mencionada ley, sus normas reglamentarias y complementarias. Que, por su parte, el artículo 11 del decreto antes citado señala que el procedimiento, excepto en lo relativo a los requisitos necesarios para interponer la denuncia, continuará según el procedimiento previsto para las denuncias por incumplimiento del Capítulo VI, artículo 31, apartado 3 de la reglamentación de la Ley N° 25.326, aprobada por el Decreto N° 1558 del 29 de noviembre de 2001, según texto sustituido por Decreto N° 1160 del 11 de agosto de 2010. Que la misma norma reglamentaria dispone que, en el desarrollo de dicho procedimiento, los sujetos obligados por el artículo 7° de la Ley N° 26.951 deberán brindar el registro de sus llamadas salientes provisto por la empresa prestadora del servicio de telecomunicaciones de la que fueran usuarios, debiendo la autoridad de aplicación tener en cuenta, a los fines probatorios, aquellos elementos de hecho e indicios de carácter objetivo aportados por el denunciante que sustenten la situación fáctica debatida, quedando a cargo del denunciado acreditar que ha dado cumplimiento con las obligaciones establecidas en la Ley N° 26.951 y el propio Decreto N° 2501/14. Que el artículo 31, apartado 3, punto c) de la reglamentación de la Ley N° 25.326, aprobada por el Decreto N° 1556/01, según texto sustituido por Decreto N° 1160/10, prevé que la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES podrá habilitar un sistema telemático para facilitar la interposición de denuncias. Que, en consecuencia, a los fines de simplificar y optimizar el procedimiento para la interposición de denuncias por incumplimientos a la Ley N° 26.951, este órgano de control, teniendo en consideración que el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME” tiene aplicación en todo el territorio nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley Nº 26.951, considera pertinente implementar el sistema de denuncias a través de dos canales: la página web:http://www.nollame.gob.ar/ y los números telefónicos 146 y 0800-444-3360. Que, por otro lado, la implementación del sistema informático hace necesaria la adopción de un esquema procedimental que posibilite el adecuado cumplimiento de los criterios de eficacia y eficiencia necesarios para el logro de los objetivos propuestos dentro de los parámetros exigidos por el marco legal que lo sustenta. Que el servicio permanente de asesoramiento jurídico de este Ministerio ha tomado la intervención que le compete. Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas en el artículo 9° de la Ley N° 26.951 y los artículos 10 y 11 del Anexo I al Decreto N° 2501/14. Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DISPONE:
Artículo 1° — Los titulares o usuarios de servicios de telefonía en cualquiera de sus modalidades podrán interponer denuncias por incumplimientos a la Ley N° 26.951, normas reglamentarias y complementarias a través del sitio web del REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”, ingresando a http://www.nollame.gob.ar/ y, de acuerdo con el procedimiento para “RECEPCION DE DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTOS A LA LEY N° 26.951 A TRAVES DEL SITIO WEB HTTP//www.nollame.gob.ar” que se aprueba como Anexo I y forma parte integrante del presente artículo.
Art. 2° — Los titulares o usuarios de servicios de telefonía en cualquiera de sus modalidades también podrán efectuar denuncias por incumplimientos a la Ley N° 26.951, normas reglamentarías y complementarias a través de los números telefónicos 146 y0800-444-3360. Dicho llamado deberá efectuarse exclusivamente desde la línea telefónica debidamente inscripta ante el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”, a fin de verificar la procedencia de la llamada, debiendo el interesado seguir las indicaciones que el sistema automático le indique a fin de contactarse con un operador que registrará su denuncia.
Art. 3° — Las denuncias ingresadas a través del sitio web http://nollame.gob.ar/, como a través de los números telefónicos 146 y 0800-444-3360, pasarán a formar parte del “SISTEMA DE GESTION DE DENUNCIAS”, que se aprueba como Anexo II y forma parte integrante del presente artículo, al que sólo podrán acceder los funcionarios autorizados a través de un mecanismo de identificación y autenticación de usuario.
Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Juan Cruz Gonzalez Allonca.
ANEXO I PROCEDIMIENTO PARA RECEPCION DE DENUNCIAS PPOR INCUMPLIMIENTOS A LA LEY N° 26.951 A TRAVES DEL SITIO WEB HTTP//www.nollame.gob.ar ADMISIBILIDAD: 1. La denuncia solo será admitida si la línea telefónica del denunciante se encuentra inscripta en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME” y transcurrieron, desde la confirmación de su inscripción, TREINTA (30) días corridos. Caso contrario el sistema emitirá el siguiente aviso “NO ES POSIBLE REGISTRAR SU DENUNCIA, A LA FECHA INFORMADA EL NUMERO TELEFONICO NO SE ENCONTRABA INSCRIPTO O BIEN NO HAN TRANSCURRIDO 30 DIAS CORRIDOS DESDE LA INSCRIPCION”. 2. Si la línea telefónica del denunciante se encuentra debidamente inscripta, el sistema pasará a una nueva pantalla, en la que el denunciante deberá aportar los datos exigidos por el artículo 10 del decreto N° 2501/14 y un correo electrónico válido. Cumplimentados todos los datos obligatorios, el sistema emitirá el siguiente aviso “DENUNCIA EXITOSA”. A esos fines se remitirá un e-mail al denunciante para que confirme su denuncia. 3. Efectuada la confirmación por el denunciante, se le remitirá un nuevo e-mail donde se informa el número de registro asignado a su denuncia.
ANEXO II SISTEMA DE GESTION DE DENUNCIAS FINALIDAD El SITEMA DE GESTIÓN DE DENUNCIAS tiene por finalidad determinar el trámite a ser asignado en cada caso y conformar las planillas con el detalle de las denuncias recibidas que se adjuntarán a las respectivas intimaciones. a) DESESTIMACION: Por encontrarse el motivo de la denuncia alcanzado por alguna de las excepciones previstas en el artículo 8° de la Ley N° 26.951; por insuficiencia o inconsistencia de los datos aportados; por no encontrarse alcanzada la denuncia por el objeto de la Ley N° 26.951. b) APERTURA DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS: Seguirán el procedimiento vigente establecido en el artículo 31, apartado 3 de la reglamentación de la Ley N° 25.326, aprobada por el Decreto N° 1558 del 29 de noviembre de 2001, según texto sustituido por su similar N° 1160 del 11 de agosto de 2010. Junto con la intimación a cada denunciado, se acompañará una planilla con el detalle de las denuncias recibidas, que estará conformado con los datos ingresados al “SISTEMA DE GESTION DE DENUNCIAS”, el que estará certificado por un funcionario competente.
viernes, 19 de junio de 2015
Informe de EEF sobre el grado de protección de la privacidad por los principales actores de las telecomunicaciones e Internet en Estados Unidos.
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viernes, 22 de mayo de 2015
La ciberseguridad es una necesidad cada vez más imperante frente al incremento de diferentes tipos de ataques cibernéticos que afronta el mundo digital, y no por tareas de inteligencia y vigilancia de los gobiernos sino por la actividad de agentes privados.
La mayoría de los ataques de ciberseguridad ocurren en Estados Unidos; representando en la actualidad el 90% del total, pero con una tendencia a expandirse sobre empresas del resto del mundo. Hay iniciativas de regulación en varias partes del mundo con diferentes criterios para determinar el alcance y las obligaciones de los sujetos obligados. Ante lo cual es requisito ineludible definir en forma previa la base filosófica política de estructura, siempre considerando que el principal activo afectado o en riesgo, resulta ser propiedad de cada uno de los seres que conforman la ciudadanía.
Sin perjuicio de estar en juego el derecho de cada ciudadano a sus datos personales, las compañías administradoras y custodias de dichos datos no suelen darle participación a los potenciales afectados frente a los atentados que puedan padecer ni tampoco cuando el data breach ya se ha producido y hay evidencias concretas de que ha habido un significado filtrado de datos de estos terceros.
Por el contrario, bajo un criterio poco transparente y arbitrario, resuelven los ataques padecidos a su buen saber y entender, con un criterio individual e inconsulto con el resto de empresas que padecen o padecieron recientemente situaciones similares. Este desequilibrio justifica promover algún involucramiento estatal, principalmente cuando hay información asociada a infraestructuras o redes críticas para la satisfacción de necesidades básicas (electricidad, agua, Internet, bancos).
Las compañías deberían cambiar el enfoque, y proceder a colaborar con los clientes, no sólo porque es lo que corresponde, sino porque a través de un curso de acción consensuado se terminará dificultando a los criminales acceder ilegítimamente a datos personales. A tales fines las compañías deben canalizar sus esfuerzos y recursos a una concientización y educación de sus clientes en lo que respecta a mejores prácticas de seguridad y planificando los cursos básicos de acción a adoptar en caso de una ruptura en la cadena de datos, más conocida como data breach.
El cambio de postura respecto a la relación con sus clientes, a través de un criterio participativo y colaborativo en la adopción de cursos de acción para combatir y prevenir los diferentes tipos de ataques a los cuales están expuestas las empresas con presencia en Internet, es mandatorio e inminente.
Frente a los intereses en juego se debería dar participación al Estado, para que al menos en una primera etapa, pueda tener un cuadro de situación, a través del requerimiento de información actualizada sobre incidentes padecidos para evaluar el grado de riesgo y adoptar medidas para contrarrestar este tipo de ataques, como ser:
i) crimeware
ii) ciber espionaje
iii) denial of service attacks
iv) inside and privilege misuse
v) miscellaneous errors
vi) Physical theft and loss
vii) Payment card skimmers
viii) point of sale intrussions
ix) web applied attacks
Estos nombres, podrán volverse más habituales y corrientes si se cumple la profecía, que para el 2019 en Estados Unidos el costo de los data breachs va a ser equivalente al 7,6% de su economía. Tal vez podrá parecer exagerado pero si tienen aunque sea algo de razón, va a ser una seria amenaza merecedora de una significativa atención por parte de la sociedad. Cuanto más rápido se discutan opciones de políticas públicas y privadas a ser adoptadas, será más fácil y gradual la concientización de la ciudadanía sobre un derecho no tan difundido en estas latitudes, como es el derecho a la protección de los datos personales. Este derecho es cada vez más sometido a esta amenaza que se avecina y conformada por continuos ataques cibernéticos cada vez más variados y sofisticados.
El estudio de las políticas públicas deberá comprender alternativas superadoras a las aplicadas hoy en día, con orígenes en problemas de hace treinta años, y que no incluían la cantidad y diversidad de datos personales que se generarán con la Internet de las Cosas y que representan un insumo sumamente valioso para que el Big Data, los conviertas en bienes pasibles de valor por tratarse de información elaborada para actividades comerciales. Otra consideración relevante es respecto a aquellos datos que presentan el carácter de públicos por estar en mano de autoridades estatales en cualquiera de sus estratos, ya sea nacional, provincial, municipal o comunal.
El sector corporativo deberá incluir dentro de sus políticas de compliance los remedios internos adecuados para concientizar a sus empleados acerca de la relevancia de los datos personales de terceros que suelen administrar o procesar de diferentes maneras y sin tener demasiada conciencia. El involucramiento no solamente debe alcanzar a los sectores informáticos y tecnológicos de la empresa, sino también al área de compliance, legales y recursos humanos, para efectivizar una política de cumplimiento efectivo que no terminé formando parte de un capítulo del manual corporativo olvidado en un cajón del escritorio del directorio.
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lunes, 20 de abril de 2015
Relevant recommendations from Argentine National Personal Data Protection Direction regarding privacy protection in the development of Software Applications. IoT will be subject to these guidelines?
The National Personal Data Protection Direction
(hereinafter “NPDPD”) recently approved the Recommended Good Practices
regarding Privacy for the development of Software Applications (hereinafter
“RGPPSA”). Although the RGPPSA are not mandatory they should be considered as
guidelines to be followed as it is the first document issued by the NPDPD to
provide orientation in the management of privacy for the software
industry.
The RGPPSA become crucial for the new era of
software application developments related to Big Data and Internet of Things
where sensitive consumer information may be jeopardized.
The RGPPSA set forth the following 8 basic
steps to develop software safeguarding privacy: i) keep in mind privacy in all
the process of the company developing the software applications; ii) to develop
the applications following the Privacy by Design criteria meaning that the
privacy protection shall be considered since the first steps of the application
design and followed in all the other phases of the development of the system or
application; iii) set forth a clear privacy policy and accessible for the
personal data owners; iv) to set up by default the activation of privacy
options (Privacy by Default) in a way that shall imply an express voluntary act
from the data owner to share personal information or deactivate privacy options;
v) provide to data owner the right to choose and control; vi) to limit the
quantity of data to be collected and kept through the Privacy-Enhancing
Technologies (PET) that are certain measures that permit to eliminate or
minimize personal data and avoiding unwanted process of personal data without
affecting the functionalities of the information service; vii) ensure the
personal data collected; viii) to assume liability for the data collected with
the appointment of a Responsible for privacy issues.
Among the PET tools mentioned by the RGPPSA to
protect privacy are: a) Dissociation of data: mechanism to hide the data owner´s
identity avoiding the association of the data with determined person or
determinable person; b) Pseudonymisation: allow to perform operations without
identifying the data owner, identified only with a pseudonym; c) Information
Security: The main goal is to avoid any
unauthorized access to the systems, files or communications through a network;
d) Metadata: Recommended to incorporate
labels to be added to those files with personal data explaining the source,
obtained consent and scope of the referred consent, how they can be used,
privacy policy that are applicable and applicable term of storage; v)
Encryption: The use of this mechanism shall not be limited to secure storage as
it shall be extended to ensure its integrity, a safety transport through a
network or physical devices or secure access to personal data.
Recommendations given
by RGPPSA for privacy policy implementation: Provide clear explanation about the type of
information requested, the way in which it will be used and with whom is going
to be shared.
The privacy policy should be simple and
standardized to facilitate its reading and understanding by the data owners and
clearly explaining data process subject under the application. Therefore the
policy should explain the peculiarities of its application avoiding to incur in
cut and paste practices of other policy applicable to other application or
developer. Any change incorporated to the policy should be duly notified.
Pursuant to RGPPSA any privacy policy shall
comply with the following guidelines:
i)
Provide
a definition of the protected matter under the privacy policy (which is the
subject matter to be protected, the scope (obligors under the policy to be implemented) and compatibility and interrelation with other policies (commercial information protection).
subject matter to be protected, the scope (obligors under the policy to be implemented) and compatibility and interrelation with other policies (commercial information protection).
ii)
Include a section of definitions included in
the privacy policy that should follow the criteria of National Law of Personal
Data Protection, Law N° 25,326 (hereinafter “NLPDP”).
iii)
Comply with the following principles
applicable to data protection: a) quality of data; b) data protection
principles of free and informed consent in accordance with sections 5 and 6 of
NLPDP; c) sensitive personal data treatment following provisions of section 7
of NLDPD.
iv)
In the case of share or transfer of personal
data to a third party it shall be clearly noted in the policy and comply with
the requirements applicable to the personal data transfer in compliance of
Section 11 of NLDPD (inform purpose of the assignment and the identification of
third party receiving the data).
v)
Adopt confidentiality agreements with
employees and third parties providing services that make have notice of the
personal data to be treated by the application.
vi)
Include reference to personal data security
policy and its applicable regulation regarding security manual. (Disposition
DNPDP N° 11/06).
vii)
In the event of international data transfer
the country receiving the data shall have sufficient level of protection in the
treatment of personal data or the owner such data should have consented the
transfer to such country. The RGPPSA clearly states that storage
in the cloud shall be considered as an international data transfer.
viii)
If the use of personal data includes an
advertisement goal the specific obligations mentioned in Section 27 of NLDPD
and applicable regulations (Dispositions DNPDP N° 10/08 and 4/09) shall be
complied.
ix)
Include the procedures to allow the owner of
the personal data exercise the access, rectification, suppression and blockage
rights.
x)
Inform who is the responsible of the Data
Protection (it can be either identified officer or a specific area of the
company). The Data Protection Officer will be responsible for: a) ensuring that
any data treatment performed by any applications shall comply with data
protection regulations; b) revise and keep updated the Privacy Policy of the
organization and that the applications followed such policy; c) respond to any
inquiry regarding the Privacy Policy, the rights of the personal data owner and
the requirements from the competent authorities; d) Provide training on
personal data protection to employees; and e) control those third parties to
whom data is transferred or from whom is received (verify whether they are
registered with the NPDPD).
domingo, 8 de marzo de 2015
Dos resoluciones relevantes de la Dirección Nacional de Datos Personales. Una sobre recaudos para videovigilancia y otra actualizando sanciones por diferentes tipo de faltas a la Ley de PDP.
miércoles, 4 de marzo de 2015
En Estados Unidos y Europa las fusiones pueden ser motivo de objeción por los entes reguladores en caso que se vea afectada la privacidad de los consumidores con motivo de la referida fusión. En virtud de lo cual en todas las auditorías legales se deberá empezar a considerar el análisis de las políticas de privacidad utilizadas por las target companies.
FTC merger review likely to incorporate analysis of privacy issues
Source: Lexology practical knowledge
The Federal Trade Commission (FTC or the Commission), along with the U.S. Department of Justice, can challenge mergers it believes will result in a substantial lessening of competition – for example through higher prices, lower quality or reduced rates of innovation.
Although the analysis of whether a transaction may be anticompetitive typically focuses on price, privacy is increasingly regarded as a kind of non-price competition, like quality or innovation. During a recent symposium on the parameters and enforcement reach of Section 5 of the FTC Act, Deborah Feinstein, the director of the FTC’s Bureau of Competition, noted that privacy concerns are becoming more important in the agency’s merger reviews. Specifically she stated, “Privacy could be a form of non-price competition important to customers that could be actionable if two kinds of companies competed on privacy commitments on technologies they came up with.”
At this same symposium, Jessica Rich, director of the FTC’s Bureau of Consumer Protection, remarked on the agency’s increasing expectations that companies protect the consumer data they collect and be more transparent about what they collect, how they store and protect it, and about third parties with whom they share the data.
The FTC’s Bureaus of Competition and Consumer Protection fulfill the agency’s dual mission to promote competition and protect consumers, in part, through the enforcement of Section 5 of the FTC Act. With two areas of expertise and a supporting Bureau of Economics under one roof, the Commission is uniquely positioned to analyze whether a potential merger may substantially lessen privacy-related competition.
The concept that privacy is a form of non-price competition is not new to the FTC. In its 2007 statement upon closing its investigation into the merger of Google, Inc. and DoubleClick Inc., the Commission recognized that mergers can “adversely affect non-price attributes of competition, such as consumer privacy.” Commissioner Pamela Jones Harbour’s dissent in the Google/DoubleClick matter outlined a number of forward-looking competition and privacy-related considerations for analyzing mergers of data-rich companies. The FTC ultimately concluded that the evidence in that case “did not support the theories of potential competitive harm” and thus declined to challenge the deal. The matter laid the groundwork, however, for the agency’s future consideration of these issues.
While the FTC has yet to challenge a transaction on the basis that privacy competition would be substantially lessened, parties can expect staff from both the Bureau of Competition and the Bureau of Consumer Protection to be working closely together to analyze a proposed transaction’s impact on privacy. The FTC’s review of mergers between entities with large databases of consumer information may focus on: (1) whether the transaction will result in decreased privacy protections,i.e., lower quality of privacy; and (2) whether the combined parties achieve market power as a result of combining their consumer data.
This concept is not unique to the United States. The European Commission’s 2008 decision in TomTom/Tele Atlasexamined whether there would be a decrease in privacy-based competition by investigating whether the combination of the portable navigation device manufacturers would enable a dominant player to offer less privacy protections without fearing a loss of business. More recently, the European Data Protection Supervisor issued a preliminary opinion entitled Privacy and Competitiveness in the Age of Big Data (March 26, 2014) with the goal of initiating a dialogue between experts and practitioners on potential gaps in EU competition, consumer protection and data protection policies.
With former and current FTC commissioners advocating for the inclusion of privacy considerations in merger investigations, Feinstein’s recent remarks, and the European Data Protection Supervisor offering similar views, companies in data-rich industries who are considering merging with or acquiring a competitor should expect privacy to play a prominent role in the antitrust review of their proposed transaction. For proposed transactions that implicate combinations of large databases of consumer information, the parties’ chief privacy officers will likely play an unprecedented role in the antitrust defense of the transaction, and parties should expect inquiry into how the merger might affect consumer privacy post-transaction and how the data will be maintained, protected and used. If privacy concerns are likely to arise, parties can prepare in advance as part of their overall antitrust defense. For example:
- Companies, through their counsel, should undertake due diligence of the target’s privacy practices, as well as its statements to consumers, including privacy policies– not only their current state, but how they have changed over time in response to competitive pressures;
- Antitrust counsel should interview personnel and review the parties’ own internal ordinary course documents to understand how each has responded in the marketplace to privacy-based competition;
- Merging companies may want to consider engaging economic consultants to assess the transaction’s potential competitive impact on privacy or consider efficiencies arguments that might help mitigate competitive concerns;
- Companies should consider in advance how the combined entity will address consumer privacy post-transaction – and whether they can preempt FTC concerns through certain commitments such as consumer opt-outs or maintaining the quality of their privacy protection
domingo, 1 de marzo de 2015
sábado, 17 de enero de 2015
Civil Rights Principles for the Era of Big Data
Technological progress should bring greater safety, economic opportunity, and convenience to everyone. And the collection of new types of data is essential for documenting persistent inequality and discrimination. At the same time, as new technologies allow companies and government to gain greater insight into our lives, it is vitally important that these technologies be designed and used in ways that respect the values of equal opportunity and equal justice. We aim to:
- Stop High-Tech Profiling. New surveillance tools and data gathering techniques that can assemble detailed information about any person or group create a heightened risk of profiling and discrimination. Clear limitations and robust audit mechanisms are necessary to make sure that if these tools are used it is in a responsible and equitable way.
- Ensure Fairness in Automated Decisions. Computerized decisionmaking in areas such as employment, health, education, and lending must be judged by its impact on real people, must operate fairly for all communities, and in particular must protect the interests of those that are disadvantaged or that have historically been the subject of discrimination. Systems that are blind to the preexisting disparities faced by such communities can easily reach decisions that reinforce existing inequities. Independent review and other remedies may be necessary to assure that a system works fairly.
- Preserve Constitutional Principles. Search warrants and other independent oversight of law enforcement are particularly important for communities of color and for religious and ethnic minorities, who often face disproportionate scrutiny. Government databases must not be allowed to undermine core legal protections, including those of privacy and freedom of association.
- Enhance Individual Control of Personal Information. Personal information that is known to a corporation — such as the moment-to-moment record of a person’s movements or communications — can easily be used by companies and the government against vulnerable populations, including women, the formerly incarcerated, immigrants, religious minorities, the LGBT community, and young people. Individuals should have meaningful, flexible control over how a corporation gathers data from them, and how it uses and shares that data. Non-public information should not be disclosed to the government without judicial process.
- Protect People from Inaccurate Data. Government and corporate databases must allow everyone — including the urban and rural poor, people with disabilities, seniors, and people who lack access to the Internet — to appropriately ensure the accuracy of personal information that is used to make important decisions about them. This requires disclosure of the underlying data, and the right to correct it when inaccurate.
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