Y al final en Dubai ¿Qué pasó? Por lo visto no mucho.

Opinión en ingles de Access Now


Versión final del Reglamento Internacional de Telecomunicaciones con las modificaciones introducidas.

REVISIONS TO THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION REGULATIONS THREATEN THE INTERNET’S ROLE IN ECONOMIC DEVELOPMENT AROUND THE GLOBE

CDTs (Center for Democracy and Technology) study on this matter

El otro 7D del que nadie habla.

Desde que la Corte Suprema se ha pronunciado a mitad de año sobre el fin del plazo de vigencia de la medida cautelar obtenida por el Grupo Clarín respecto la aplicación del proceso de adecuación previsto en el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, todo el aparato mediático gubernamental ha venido repitiendo que el  7 de diciembre del corriente año se define la suerte de la “madre de todas las batallas”.  Esto es así porque interpreta que a partir de esa fecha podrá aplicar de oficio al referido grupo el proceso de adecuación, retirándole aquellas licencias que excedan los parámetros impuestos por la ley en cuestión.

La importante campaña mediática emprendida por el Gobierno Nacional, con el consecuente impacto para las cuentas públicas, no se condice con el sugestivo silencio mantenido sobre otro evento que casualmente se estará desarrollando durante los mismos días que el  7D y que sin dudas podrá tener un significativo impacto sobre la libertad de expresión de la ciudadanía. En la inminente Conferencia Mundial de las Telecomunicaciones Internacionales (CMTI-12) en el marco de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), a llevarse a cabo en Dubai del 3 al 14 de diciembre de 2012, y se va renegociar, por primera vez desde su adopción en 1988, el Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales (RTI). Las decisiones que se adopten en dicho ámbito pueden implicar un cambio crucial en el paradigma regulatorio a nivel internacional y local, en todo lo que se refiere a Internet. 

Los cambios principales que se pueden producir en relación a Internet están vinculados primordialmente a la forma de gobierno abierta y descentralizada bajo la cual se ha venido desarrollando Internet con bastante éxito, para pasar a depender de la autoridad de la UIT. La UIT está dentro del ámbito las Naciones Unidas y se ocupa de fijar estándares técnicos y recomendaciones en materia de telecomunicaciones y tecnología informática, contando con un proceso bastante cerrado de toma de decisiones, en donde sólo los gobiernos tienen derecho a una participación total.

En el marco de la CMTI-12, con la presencia de los 193 estados miembros de la UIT, van a contraponerse dos posiciones claramente definidas. Por un lado un grupo de estados que desean cambios significativos en lo que respecta a Internet y a las redes de próxima generación, las cuales han sido históricamente libres de regulación. Esta posición, en donde se encolumnarán Rusia, China, Irán, Egipto, Costa de Marfil, la mayoría de los países árabes, India y tal vez Brasil, contaría con el aval del Secretario General de UIT, Hamadoum Touré. En tanto que la posición contraria liderada por Estados Unidos buscará dejar el sistema de Internet como está, y sólo incluir mínimos cambios al RTI para adaptarlo a las realidades actuales.

Las cuestiones a debatir no van a estar limitadas sólo a una asignación formal de competencias respecto al manejo de ciertos recursos como los nombres de dominio, sino que formarán parte de la mesa de discusión temas significativos de políticas públicas, como el rol y responsabilidad de los intermediarios en Internet (redes sociales y buscadores), comercio electrónico, transferencia internacional de datos, propiedad intelectual, nuevos impuestos o cargos a aplicarse, el rol de los medios en Internet, diversidad cultural, privacidad, ciberseguridad, derechos humanos, etc.   

Sin lugar a dudas las propuestas de enmiendas más profundas impactarán en el ejercicio de los derechos humanos en la era de Internet, principalmente en lo que respecta a la libertad de expresión, el derecho al acceso a la información, y el derecho a la privacidad.  Más teniendo en cuenta que las mayores amenazas a dichos derechos han surgido a nivel nacional en diferentes estados (que no solamente incluyen a China y Rusia sino también a Inglaterra y Estados Unidos) donde se han impuesto nuevas regulaciones y controles sobre Internet que en algunos casos exceden sus respectivas jurisdicciones territoriales, situación que se vería agravada de surgir un acuerdo entre las naciones para imponer un control sobre Internet a nivel global.

La obligación de los gobiernos de proteger los derechos humanos cuando se toman decisiones vinculadas a Internet ha sido remarcada por el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue, en su informe presentado a la Asamblea General de Naciones Unidas, así como por los relatores Especiales de la ONU y la CIDH, y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en la Declaración Conjunta emitida sobre Libertad de Expresión e Internet.

Resulta extraño y contradictorio que frente a la inusitada trascendencia dada por el gobierno a la aplicación de la Ley de Medios a fin de garantizar la diversidad y pluralidad de voces no haya adoptado un mecanismo de participación de la sociedad para definir la postura a ser adoptada por nuestro país en este tema que debiera ser prioritario para la agenda gubernamental dentro de la revolución de las comunicaciones globales. Revolución que ha permitido el surgimiento de un nuevo estilo de medios de comunicación a cargo de cientos de miles de individuos y organizaciones que utilizan la interactividad de los nuevos servicios mediáticos para publicar información e ideas ya sea dentro o fuera de las fronteras de las naciones, desplazando cada vez más a los poderosos y contados medios tradicionales. 

Sin duda esta incertidumbre sobre la posición a adoptar por nuestro país en esta temática tan relevante para la sociedad, y acentuada frente a las continuas aproximaciones diplomáticas y comerciales a países que no cuentan con los mejores antecedentes en prácticas de respecto a los derechos humanos, hacen tambalear el logro obtenido a nivel nacional con la sanción de la Ley 26.032 que reconoce que la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas por medio del servicio de Internet se considera comprendida dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión.

¿Demasiadas casualidades o la ONU también prepara el terreno para lograr una mayor regulación de Internet en la reunion de la UIT del próximo diciembre? Acaba de publicar una de sus oficinas un informe con el sugestivo título "Uso de Internet para propósitos terroristas".

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), encabezada por el diplomático ruso, Yury Fedotov, ha publicado un reciente informe http://www.unodc.org/documents/frontpage/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes.pdf que aboga por más vigilancia y mayor retención de datos sobre todas las comunicaciones, incluso frente a la ausencia total de sospecha. Coincidentemente, el Coordinador del informe es británico - y el gobierno británico ha propuesto recientemente (aunque es probable que sea rechazada a nivel nacional) el sistema de seguimiento, aún ante situaciones que no acarren sospecha alguna más riguroso que se haya implementaddo en una sociedad democrática – (Communication Data Bill).

 
El informe fue presentado, por coincidencia, apenas unas semanas antes de la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales en Dubai organizado por la agencia de telecomunicaciones de las Naciones Unidas, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), dirigido por Secretario General de Hamadan Touré que ha recibido toda su educación en Rusia. Gran parte de la discusión versará sobre si corresponde y en qué medida otorgar nuevas responsabilidades a la burocracia de la UIT, que ha ido perdiendo influencia y competencias en los últimos años debido al crecimiento de Internet. Sorprendentemente, la UIT está catalogado como un "socio adicional" en la página web del Grupo de Trabajo sobre la lucha contra el uso de Internet para fines terroristas, que era responsable del informe de la ONUDD (liderado por el Comité 1267).

Una coincidencia más es que Hamadan Touré mantuvo una reunión con Vladimir Putin a finales del año pasado (entonces Primer Ministro de Rusia), donde, según el sitio web del gobierno ruso, una de las ideas expuestas por el Sr. Touré fue "establecer un control internacional sobre el uso de Internet la capacidad de vigilancia y de supervisión de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ".

Desde esa reunión, la Federación de Rusia se ha unido a Argelia, China, Costa de Marfil y Egipto para proponer un nuevo papel de la UIT en "ciberseguridad y la ciberdelincuencia". Rusia es también parte de un grupo de países, con Egipto e Irán, que exige nuevas normas en materia de estandarización, para reemplazar a las eficaces reglas que se encuentran en funcionamiento y siempre se han basado en procesos de consenso para el desarrollo de estándares para Internet.

El apoyo a un mayor papel de la UIT sobre ciberseguridad y armonización de políticas contra delitos informáticos a nivel mundial encaja casi perfectamente con los objetivos del documento de la ONUDD. Por ejemplo, uno de sus principales argumentos es que "el desarrollo de un marco normativo universalmente aceptado que imponga obligaciones a todos los ISP en cuanto al tipo y duración del uso de datos de clientes que deben conservarse sería muy beneficiosa para la policía y las agencias de inteligencia que investigan casos de terrorismo".

Esto es bastante curioso ya que esta demanda ignora por completo el informe de la Comisión Europea en la evaluación de la Directiva sobre conservación de datos que demuestran claramente que la retención de datos no es necesario para la armonización del mercado ni para la lucha contra la delincuencia grave - por lo que es probable que sea revisado sustancialmente si no es completamente derogado por la Unión Europea.

El informe también lamenta que las autoridades nacionales "protección de datos o la legislación sobre privacidad a menudo restrinjan la capacidad de los organismos policiales y de inteligencia para compartir información con sus homólogos nacionales y extranjeros." El hecho de que ninguna agencia de la ONU sobre derechos humanos haya estado involucrada en el proyecto podría explicar la falta de respeto por instrumentos vinculantes de la ONU sobre derechos humanos.

Pero ¿por qué molestarse con las leyes cuando se han privatizado las medidas de ejecución? El informe de la ONU también pide el establecimiento de "relaciones informales o acuerdos con proveedores de Internet (tanto nacionales como extranjeros) que podrán proporcionar los datos pertinentes para hacer cumplir la ley acerca de los procedimientos de toma de datos para las investigaciones policiales." Si se compara esta propuesta sólo por un segundo con el artículo 17.1 del Pacto Internacional de Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos, que establece que "nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia," uno se queda con la impresión de que el informe de la ONU no es más que un asalto injustificado a los principios de derechos humanos universalmente aceptados hace décadas.