Excelente artículo de Susan Crawford sobre la situación del acceso a Internet en Estados Unidos. Competencia entre infraestructuras de red.

Big Cable owns Internet access. Artículo de Crawford. Propuesta de cambio.

Y de yapa. 

El análisis de Crawford sobre neutralidad de red en virtud del riesgo de facturar en virtud de la cantidad de uso que se haga de Internet.


Susan Crawford representa la visión progresista de la regulación en materia de redes y acceso. Neutralidad de red y batallas que se podrán replicar por estos lares del Sur. 

Informe de EEF sobre el grado de protección de la privacidad por los principales actores de las telecomunicaciones e Internet en Estados Unidos.

https://www.eff.org/who-has-your-back-government-data-requests-2015

La ciberseguridad es una necesidad cada vez más imperante frente al incremento de diferentes tipos de ataques cibernéticos que afronta el mundo digital, y no por tareas de inteligencia y vigilancia de los gobiernos sino por la actividad de agentes privados.

La mayoría de los ataques de ciberseguridad ocurren en Estados Unidos; representando en la actualidad el 90% del total, pero con una tendencia a expandirse sobre empresas del resto del mundo. Hay iniciativas de regulación en varias partes del mundo con diferentes criterios para determinar el alcance y las obligaciones de los sujetos obligados. Ante lo cual es requisito ineludible definir en forma previa la base filosófica política de estructura, siempre considerando que el principal activo afectado o en riesgo, resulta ser propiedad de cada uno de los seres que conforman la ciudadanía. 

Sin perjuicio de estar en juego el derecho de cada ciudadano a sus datos personales, las compañías administradoras y custodias de dichos datos no suelen darle participación a los potenciales afectados frente a los atentados que puedan padecer ni tampoco cuando el data breach ya se ha producido y hay evidencias concretas de que ha habido un significado filtrado de datos de estos terceros.

Por el contrario, bajo un criterio poco transparente y arbitrario, resuelven los ataques padecidos a su buen saber y entender, con un criterio individual e inconsulto con el resto de empresas que padecen o padecieron recientemente situaciones similares. Este desequilibrio justifica promover algún involucramiento estatal, principalmente cuando hay información asociada a infraestructuras o redes críticas para la satisfacción de necesidades básicas (electricidad, agua, Internet, bancos). 

Las compañías deberían cambiar el enfoque, y proceder a colaborar con los clientes, no sólo porque es lo que corresponde, sino porque a través de un curso de acción consensuado se terminará dificultando a los criminales acceder ilegítimamente a datos personales. A tales fines las compañías deben canalizar sus esfuerzos y recursos a una concientización y educación de sus clientes en lo que respecta a mejores prácticas de seguridad y planificando los cursos básicos de acción a adoptar en caso de una ruptura en la cadena de datos, más conocida como data breach. 

El cambio de postura respecto a la relación con sus clientes, a través de un criterio participativo y colaborativo en la adopción de cursos de acción para combatir y prevenir los diferentes tipos de ataques a los cuales están expuestas las empresas con presencia en Internet, es mandatorio e inminente. 

Frente a los intereses en juego se debería dar participación al Estado, para que al menos en una primera etapa, pueda tener un cuadro de situación, a través del requerimiento de información actualizada sobre incidentes padecidos para evaluar el grado de riesgo y adoptar medidas para contrarrestar este tipo de ataques, como ser:

i) crimeware

ii) ciber espionaje

iii) denial of service attacks

iv) inside and privilege misuse

v) miscellaneous errors

vi) Physical theft and loss

vii) Payment card skimmers

viii) point of sale intrussions

ix) web applied attacks

Estos nombres, podrán volverse más habituales y corrientes si se cumple la profecía, que para el 2019 en Estados Unidos el costo de los data breachs va a ser equivalente al 7,6% de su economía. Tal vez podrá parecer exagerado pero si tienen aunque sea algo de razón, va a ser una seria amenaza merecedora de una significativa atención por parte de la sociedad. Cuanto más rápido se discutan opciones de políticas públicas y privadas a ser adoptadas, será más fácil y gradual la concientización de la ciudadanía sobre un derecho no tan difundido en estas latitudes, como es el derecho a la protección de los datos personales. Este derecho es cada vez más sometido a esta amenaza que se avecina y conformada por continuos ataques cibernéticos cada vez más variados y sofisticados. 

El estudio de las políticas públicas deberá comprender alternativas superadoras a las aplicadas hoy en día, con orígenes en problemas de hace treinta años, y que no incluían la cantidad y diversidad de datos personales que se generarán con la Internet de las Cosas y que representan un insumo sumamente valioso para que el Big Data, los conviertas en bienes pasibles de valor por tratarse de información elaborada para actividades comerciales. Otra consideración relevante es respecto a aquellos datos que presentan el carácter de públicos por estar en mano de autoridades estatales en cualquiera de sus estratos, ya sea nacional, provincial, municipal o comunal. 

El sector corporativo deberá incluir dentro de sus políticas de compliance los remedios internos adecuados para concientizar a sus empleados acerca de la relevancia de los datos personales de terceros que suelen administrar o procesar de diferentes maneras y sin tener demasiada conciencia. El involucramiento no solamente debe alcanzar a los sectores informáticos y tecnológicos de la empresa, sino también al área de compliance, legales y recursos humanos, para efectivizar una política de cumplimiento efectivo que no terminé formando parte de un capítulo del manual corporativo olvidado en un cajón del escritorio del directorio.  

Como parte del pliego del concurso público de 3G y 4G la Secom reglamentó despliegue de infraestructura de antenas móviles.

Argentina reglamenta despliegue de infraestructura

La Secretaría de Comunicaciones llamó a concurso nacional para adjudicar bandas de frecuencias 3G y 4G. Un análisis preliminar del pliego

Análisis del Pliego de 4G y del 3G remaining.

Esta semana el gobierno publicó los pliegos para la licitación de las bandas 4G y 3G (devueltas de la fusión de Movistar con Telefónica), además se dictó el Reglamento General del Servicio de Comunicaciones Móviles Avanzadas.

Las bandas de frecuencias involucradas en la subasta son las siguientes:

Tipo de Lote	Número de Lote	Área de Explotación Decreto 1461/93.	Banda (MHz)	Ancho de Banda (MHz)	Servicio
Reservado para Entrantes	1	NACIONAL NACIONAL I II III	1745-1755/2145-2155 738-748/793-803 1895-1905/1975-1985 1890-1900/1970-1980 1880-1890/1960-1970	20(10+10) 20(10+10) 20(10+10) 20(10+10) 20(10+10)	SCMA SCMA PCS PCS PCS
Abierto	2	II	830,25-834/875,25-879	7,5(3,75+3,75)	SRMC
Abierto	3	II	1870-1875/1950-1955	10(5+5)	PCS
Abierto	4	I	1892,5-1895/1972,5-1975	5(2,5+2,5)	PCS
Abierto	5	I	1890-1892,5/1970-1972,5	5(2,5+2,5)	PCS
Abierto	6	III	1862,5-1867,5/1942,5-1947,5	10(5+5)	PCS
Abierto	7	III	1867,5-1870/1947,5-1950	5(2,5+2,5)	PCS
Abierto	8	NACIONAL	1730-1745/2130-2145 713-723/768-778	30(15+15) 20(10+10)	SCMA SCMA
Abierto	9	NACIONAL	1720-1730/2120-2130 723-738/778-793	20(10+10) 30(15+15)	SCMA SCMA
Abierto	10	NACIONAL	1710-1720/2110-2120 703-713/758-768	20(10+10) 20(10+10)	SCMA SCMA

El espectro se otorga para su explotación por un período de 15 años y sujeto a renovación en forma onerosa de acuerdo a los precios que se establezcan en la prórroga.

Límites de espectro a respetar: 50 MHz en PCS, SRMC, STM y SRCE. En tanto que hasta 60 MHz en una misma área de explotación para el SCMA.

Obligaciones a cumplimentar por los adjudicatarios:

i)                    realizar acuerdos de roaming nacional con los operadores entrantes adjudicatarios de la licitación y esa obligación termina con la fecha de finalización de las obligaciones de cobertura (Ver 22.4 del pliego);

ii)                compartimiento de infraestructura pasiva con los operadores entrantes que no podrá superar el 50% del total de los sitios de la red;

iii)                brindar a los MVNO el acceso a todos los elementos y servicios que compongan y se brinden a través de su red en condiciones no discriminatorias, transparentes y proporcionales;

iv)                interconectarse con la Red Federal de Fibra Optica;

v)             obligaciones de cobertura en 5 años todas las localidades con más de 500 habitantes para los que presente servicios de STM, PCS y SRMC y que permitan ofrecer 1 Mbps por usuario en el enlace descendente para el SRMC, STM y PCS. No establecen obligaciones para SCMA;

vi)                cumplimiento del régimen de compre nacional;

vii)         respetar el Manual de Lineamientos Básicos para la instalación de sistemas irradiantes destinados a redes radioeléctricas de arquitectura celular (Anexo IV del Pliego) para el despliegue de infraestructura;  

viii)            afianzar las obligaciones asumidas mediante una garantía por el 15% del monto total del los MHz adjudicados;

Del 19.2 del pliego resulta que los adjudicatarios de 4G y con algunas bandas con anteriores titulares obligados a migración deben asumir los costos de la referida migración.

Requisito para presentación en el concurso:  Estar constituidas en la Argentina, ser licenciatarias de servicio de telecomunicaciones, contar con más de 10 años de presencia en el mercado de telecomunicaciones y tener un patrimonio neto de Pesos 1.500.000.000 incluyendo el conjunto de los integrantes de la sociedad.  Se aclara que en el caso que algún adjudicatario no contare con el registro de servicio correspondiente se le otorgará en el mismo acto administrativo de adjudicación luego de cumplimentado el procedimiento de subasta.

Sin dudas esta licitación viene a representar una fuente de fondos significativa para el gobierno y destinada a cubrir las diferentes obligaciones que surjan en el último año de gobierno, más teniendo en cuenta que de acuerdo al cronograma en el pliego estarían recibiendo los fondos aproximadamente para fines de diciembre del corriente año. El precio base por MHz se fijó en 9,87 millones de dólares para la banda de 700 MHz y 9,44 millones de dólares para la banda AWS. En el caso de las bandas 3G, aquellas destinadas para servicios SRMC tendrán un precio mínimo de seis millones de dólares, mientras que las destinadas para PCS tendrán un precio base de un millón, 4,4 millones y 0,6 millones de dólares, dependiendo el área licitada. Estas cifras suponen que el Estado Argentino podrá recaudar un mínimo de 228 millones de dólares por la licitación de bandas 3G, 888 millones de dólares por la banda de 700 MHz y unos 850 millones de dólares por la banda AWS. Es decir, un total de 1.966 millones de dólares.

De una simple lectura del mercado local y los recaudos del pliego se desprende que solamente los operadores existentes a la fecha podrán estar aptos para ser adjudicados en la referida subasta de espectro. 

¿La telefonía móvil y el acceso a Internet deben ser considerados como servicios públicos en la Argentina? Esta cuestión surge frente a los proyectos de ley presentados en tal sentido.

La declaración de servicio público implica otorgarle la titularidad de una actividad al Estado, el cual puede delegar la explotación económica de la actividad a privados a través de concesiones de servicio público, o prestarlo por sí misma. 

En virtud del grado de publicatio de la actividad se presenta el mayor grado de regulación. Tan es así que existe la posibilidad que el Estado recobre la explotación de la actividad a través del rescate de las concesiones. La telefonía móvil se desarrolló bajo otro parámetro dado que era una actividad secundaria respecto de la actividad telefónica básica, calificada como servicio público por haber sido otorgada su explotación en exclusividad y sin competencia, aunque la delegación de la actividad a los privados se hizo bajo la figura de la licencias y no concesiones, justamente para evitar la posibilidad de rescate por el Estado. En Argentina se está dando la incoherencia regulatoria que la telefonía básica cada vez menos importante esté calificada como servicio público, aún cuando ese mercado es más competitivo, al menos por la posibilidad de entrada, que el más relevante mercado de las telecomunicaciones móviles. 

La universalidad alcanzada por la telefonía móvil lo ha convertido en un servicio que satisface las necesidades básicas de la población, de la mejor manera el derecho humano a la comunicación. Para que el servicio móvil sea regulado en cuanto a su calidad y tarifas no hace falta declararlo como servicio público. 

Sin embargo el hecho que la explotación también involucre un activo escaso del Estado como el espectro radioeléctrico, otorga un fuerte punto para su declaración como servicio público. Lo descripto no justifica bajo ningún aspecto la declaración como servicio público al acceso a Internet que presenta una situación completamente diferente al de la telefonía móvil. Sin embargo los programas de servicio universal deberán aggionarse para incluir expresamente el acceso a Internet con un ancho de banda razonable.

Al reciente fallo de la Corte ATVC debe dársele una correcta interpretación pues de los contrario Argentina persiste en condenarse a mantener a través de su regulación una divergencia de servicios forzada

La Corte Suprema esta semana ha ratificado la vigencia de una medida cautelar solicitada por ATVC (cámara del cable) y las operadoras de cable, solicitando que se le impida prestar a las empresas telefónicas, tanto fijas como móviles, ningún servicio de radiodifusión (hoy servicios de comunicación audiovisual según la Ley de Medios de fines de 2009).

Desde un punto de vista procesal, se debería analizar si existe una acción principal, y en su caso, en qué estado procesal se encuentra, puesto que lo resuelto en la acción provisional como la medida cautelar podría ser modificado por la acción principal.

En esta oportunidad, la Corte decidió no entrar en el análisis de la cuestión regulatoria y  sólo  confirmando lo resuelto por la Cámara Contencioso Administrativo Federal sala III. He escuchado diferentes opiniones sobre el fallo dándole alcances mucho más amplios de los que considero deben otorgársele. 

Con anterioridad a la Ley de Medios, que es cuando se planteó el conflicto interpretativo legal acerca de si las empresas telefónicas (Telefónica, Telecom) y Telmex por su operación en celulares, podían prestar servicios de radiodifusión, regidos en ese momento por la Ley 22.285 – la cual no habilitaba a los prestadores de servicios públicos a prestar radiodifusión-.  Dentro de las telecomunicaciones el único servicio que ha sido considerado como servicio público es la telefonía básica, pero no así el resto de los servicios (transmisión de datos, servicios de valor agregado, acceso a Internet).  De lo expuesto se desprende que la restricción que establecía la anterior ley de radiodifusión solo regía para los prestadores de telefonía básica.

Adicionalmente, los pliegos por los cuales se les transfirieron sus licencias de telefonía básica a Telefónica y Telecom, expresamente prohíbe a estos prestadores brindar servicios de radiodifusión.  Ignoró si existe una restricción de igual alcance en los pliegos de servicios de telefonía celular, pero seguramente debe existir más cuando dos de los operadores móviles son parte de cada uno de los grupos societarios de los prestadores de telefonía básica.

La razón de la restricción buscada es limitar el alcance de las actividades cuya explotación se transfirió en la privatización de principios del 90. Más cuando se concedió la exclusividad en la explotación de la telefonía básica conmutada a nivel nacional e internacional, junto con la cesión de la propiedad de la red de nacional de telefonía conmutada, en partes iguales a cada uno de los operadores.

La Corte Suprema ha sostenido que las concesiones o privilegios otorgados por el Estado a los privados deben ser interpretados en sentido restringido, sin embargo dicho postulado no puede traer aparejado ni implicar que a las restricciones regulatorias, aún cuando tengan origen legal, se les deban otorgar un alcance más amplio del que corresponda de una aplicación razonable del marco normativo en juego. Uno de los criterios interpretativos a aplicar deben considerar la realidad fáctica tecnológica de convergencia de redes, de servicios y de dispositivos.

La decisión de dejar participar en el mercado de servicios de comunicación audiovisual a los grandes operadores de telecomunicaciones, a través de sus redes incumbentes cedidas por el Estado Nacional, sin dudas genera un impacto en el mercado en cuestión que deberá ser analizado por el organismo de aplicación de defensa de la competencia.     

Sin embargo la restricción que alcanza a los prestadores de servicios públicos de telefonía no es extendible a aquellos prestadores de telecomunicaciones que no prestan servicios de telefonía. Como es sabido los prestadores de telecomunicaciones, que no son las licenciatarias de servicio básico telefónico ni prestan servicios de telefonía, han tendido sus propias redes y han tenido que competir en desventaja contra las empresas incumbentes.

Tan es así que la regulación vigente, se dictó para tratar nivelar el poder de mercado de las operadoras incumbentes respecto al resto de los licenciatarios de telecomunicaciones, (Ver Reglamento de Licencias y de Interconexión en los Anexos I y II del Decreto 764/2000). 

Sin embargo no existe una restricción expresa en dichos anexos. Algunos consideran que el artículo 1 del Reglamento de Licencias al sostener que “El objeto del presente Reglamento es establecer los principios y disposiciones que regirán el otorgamiento de las licencias y la prestación de servicios de telecomunicaciones, excluyendo la prestación de los servicios de radiodifusión, los que están regidos por la ley N. 22.285 y sus normas modificatorias y complementarias.”  está prohibiendo a los operadores de telecomunicaciones alcanzados por el Reglamento a prestar servicios de radiodifusión, cuando en realidad está excluyendo del ámbito de aplicación del referido reglamento a los servicios de radiodifusión, sin que ello implique que cualquier operador de telecomunicaciones habilitado pueda solicitar una licencia de radiodifusión en virtud del régimen jurídico particular aplicable en su respectivo momento, antes la Ley No 22.285 y hoy  la Ley No 26.522.

La Procuradora General en su dictamen dice que el objeto de la demanda, entre otras cuestiones, busca que se declare: “….. que les está prohibido a las licenciatarias de servicio básico telefónico (SBT) y de servicios de comunicaciones móviles (SCM) prestar, por sí o por otros, servicios de radiodifusión…….” . De la transcripción es claro que los alcanzados por la acción judicial comentada son los operadores incumbentes de servicio básico telefónico, y que es a la vez considerada como actividad de servicio público, y los operadores de comunicaciones móviles.  Sin estar alcanzados todos aquellos otros operadores de telecomunicaciones que no prestan los referidos servicios de telecomunicaciones, pero que brindan por ejemplo otros servicios que hoy son más habituales como la transmisión de datos y servicios de valor agregado.

Otra restricción que debe considerarse es la impuesta en la Ley 25.750 en cuanto a que solamente el 30% de la participación en sociedades prestadoras de servicios de radiodifusión puede estar en manos de personas extranjeras, salvo que existan tratados entre ambos países sobre el tratamiento de las inversiones en el sector.

Determinados servicios, como los llamados Video on Demand, deben ser correctamente calificados regulatoriamente puesto que resultan servicios de telecomunicaciones y no de comunicación audiovisual conforme el análisis de la doctrina especializada.

La posibilidad que operadores de telecomunicaciones sin poder relevante de mercado tanto en el sector de las teleocomunicaciones como en los de comunicación audiovisual, puedan prestar estos últimos servicios no sólo por responder a una tendencia tecnológica mundial sino a los fines de generar competencia efectiva en el mercado de servicios de comunicación audiovisual. Más cuando, al mismo tiempo, se evita la entrada de aquellos operadores incumbentes de telecomunicaciones con poder para canibalizar este nuevo mercado. 

De esta forma se generan vasos comunicantes graduales entre mercados convergentes por medio de interpretaciones razonables de las regulaciones aplicables. Permitiendo empezar a revertir la divergencia de servicios imperante, en pos que el consumidor pueda acceder a una mejor calidad de servicios dentro de un contexto de competencia efectiva conforme lo pregona el artículo 42 de la Constitución Nacional.