El mercado de telecomunicaciones y el de medios, que tienden a unificarse en virtud del proceso de convergencia, presentan ciertas particularidades que los diferencian del resto de los mercados sujetos a regulación. Estas condiciones hacen que no puedan estar simplemente librados a las fuerzas del mercado para la circulación de información o a las reglas de defensa de la competencia. Un ejemplo claro de esta situación es lo que sucede en el mercado americano por ejemplo que tiene reglas de common carrier por más que no existan operadores monopólicos.
Sin embargo la referida situación no puede ser utilizada como pretexto e ir más allá de las razones de interés público que deben primar para fijar este tipo de marcos regulatorios, confundiendo el interés estatal con el interés gubernamental. Este último busca enterrar los derechos de libertad de expresión de los medios privados opositores mediante un discurso de pluralismo y diversidad pero que en realidad apunta a reemplazar la homogeneización de contenidos reinante, pasando de una concentración de medios privados opositores a una de medios paragubernamentales oficialistas que persiste en la falta de diversidad y pluralidad. Este nuevo cuadro de situación no viene a sanear la amenaza que denuncia la Declaración de principios sobre Libertad de Expresión de la OEA en cuanto a que los monopolios u oligopolio conspiran contra la democracia.
Sin perjuicio de la pasividad de los funcionarios en la implementación de procesos de convergencia conservando esquemas regulatorios obsoletos, los mismos denotan una definida y marcada tendencia a definir una agenda en materia de medios respondiendo al interés inmediato de la gestión gubernamental, que en nada se condice con lo que correspondería que fuese una política pública en la materia.
¿Por qué se sostiene dicha afirmación? Frente a la adopción de recientes actitudes que vislumbran una intención de enterrar a los medios privados con una voz diferente a la propia para cumplir con el principal objetivo de todos los gobiernos recientes, que es ganar la elección venidera.
Entre los actos que se cuestionan están la posibilidad de no permitir a los medios de comunicación formar parte de las moratorias recientemente instrumentadas por la AFIP y el dictado de ordenes no escritas dirigidas al empresariado privado de sacar los anuncios publicitarios en los medios escritos opositores, lo que seguramente afectará la situación financiera de los medios privados. Tal vez envalentonados por lo sugerido por la Corte Suprema en uno de los fallos vinculados con la cautelar del Grupo Clarín, donde dejó entrever que el proceso de adecuación dispuesto por la Ley de Medios tenía más que ver con afectación de derechos de naturaleza económica y no con la libertad de expresión, el gobierno ha empezado a atacar las principales fuentes de ingreso de dichos grupos entendiendo que los medios de comunicación no cuenta con derecho de libertad de expresión, ya que dicha garantía es patrimonio exclusivo de la sociedad. De ser así, el gobierno incurre en un nuevo error puesto que si bien la libertad de información y derecho a la comunicación de la sociedad está por encima de las garantía de libertad de expresión de los medios privados, esto no implica que los medios privados no cuenten con dicho derecho, o que el mismo se encuentre desprotegido frente a las arbitrariedades gubernamentales.
