La declaración de servicio público implica otorgarle la titularidad de una actividad al Estado, el cual puede delegar la explotación económica de la actividad a privados a través de concesiones de servicio público, o prestarlo por sí misma.
En virtud del grado de publicatio de la actividad se presenta el mayor grado de regulación. Tan es así que existe la posibilidad que el Estado recobre la explotación de la actividad a través del rescate de las concesiones. La telefonía móvil se desarrolló bajo otro parámetro dado que era una actividad secundaria respecto de la actividad telefónica básica, calificada como servicio público por haber sido otorgada su explotación en exclusividad y sin competencia, aunque la delegación de la actividad a los privados se hizo bajo la figura de la licencias y no concesiones, justamente para evitar la posibilidad de rescate por el Estado. En Argentina se está dando la incoherencia regulatoria que la telefonía básica cada vez menos importante esté calificada como servicio público, aún cuando ese mercado es más competitivo, al menos por la posibilidad de entrada, que el más relevante mercado de las telecomunicaciones móviles.
La universalidad alcanzada por la telefonía móvil lo ha convertido en un servicio que satisface las necesidades básicas de la población, de la mejor manera el derecho humano a la comunicación. Para que el servicio móvil sea regulado en cuanto a su calidad y tarifas no hace falta declararlo como servicio público.
Sin embargo el hecho que la explotación también involucre un activo escaso del Estado como el espectro radioeléctrico, otorga un fuerte punto para su declaración como servicio público. Lo descripto no justifica bajo ningún aspecto la declaración como servicio público al acceso a Internet que presenta una situación completamente diferente al de la telefonía móvil. Sin embargo los programas de servicio universal deberán aggionarse para incluir expresamente el acceso a Internet con un ancho de banda razonable.
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