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miércoles, 30 de octubre de 2013

Luego de una intensa batalla de 4 años entre el gobierno argentino y el Grupo Clarín la Corte Suprema de Justicia ha fallado a favor de la constitucionalidad de la Ley de Medios.



Como abogado argentino dedicado principalmente a los medios y a las telecomunicaciones hoy debería ser un día histórico frente al fallo dictado en contra del Grupo Clarín y a favor de la constitucionalidad de la ley de servicios de comunicaciones audiovisual (más conocida como Ley de Medios). Ver fallo de la Corte


Un fallo de casi 400 fojas, no solo es difícil de leer raudamente sino también tratar de extractarlo. Por eso debe ser que al escribir estas líneas, no se me viene críticas o elogios según el camino adoptado por la Corte, sino que me vienen recuerdos del largo camino que ha atravesado esta ley, y de la cual en varios momentos fui testigo.  

Huelga reconocer que la Corte Suprema ha tenido cierta muñeca política al dictar el fallo no antes de las elecciones, para evitar conflictos partidarios. 

Recuerdo la discusión en el Senado, la participación en la redacción de un proyecto de ley alternativo que preveía un proceso de convergencia con transición. La ley de medios se impuso en ambas cámaras en 2009, luego que el Poder Ejecutivo había perdido las elecciones legislativas de ese año. Por eso mucho de los legisladores que votaron estaban de prestado en sus bancas porque iban a ser reemplazados por otros pertenecientes a otras fuerzas políticas que habían ganado. 

Uno tenía las ganas de aplastar esa ley de la dictadura, pero sabía que esta ley no era un elemento lo suficientemente adecuado, por no resultar una ley moderna. Recuerden que en un primer momento el proyecto preveía una pseudo convergencia permitiendo la participación de las telefónicas en este mercado. Pero de repente de buenas a primeras el Poder Ejecutivo Nacional borró de un plumazo dicha parte del proyecto. 

Otra curiosidad, fue que el texto que venía de la Cámara de Diputados presentaba errores de remisión, de conceptos incorrectos (el término bianual, etc.) pero no se admitía ningún tipo de corrección porque no se podía perder tiempo. Ante lo cual fue aprobada a las apuradas, terminando la sesión como a las 3 AM de la mañana, y apareciendo esa misma mañana publicada en el Boletín Oficial. 

La ley presentó un formato extraño, puesto que debajo de cada uno de los artículos había diferentes notas de páginas incluyendo explicaciones e invocaciones a los que habían efectuado propuestas en relación a cada artículo en particular. 

Enseguida el Grupo Clarín, y otros grupos más, iniciaron el llamado "shopping" de juzgados convenientes para plantear cuestionamientos judiciales a la ley. 

El Poder Ejecutivo utilizó cualquier tipo de herramientas válidas y otras sumamente cuestionables para atacar a mansalva a todo aquel que trabajase, o demostrase algún tipo de relación o simpatía con el Grupo Clarín. Sin dudas esa actitud es la que ha hecho poner en duda que las restricciones y adecuaciones que prevé la Ley de Medios para prestar servicios audiovisuales no hayan sido pensadas sin tener en cuenta la estructura que presenta el Grupo Clarín, principalmente en cuanto al artículo 45 de la Ley. 

Me vienen las siguientes: Se revocó la licencia de Fibertel, se volvió para atrás la fusión de Cablevisión y Multicanal por no haberse cumplido con las condiciones impuestas en la fusión, la telenovela de la inclusión de señales en la grilla, el cepo publicitario sobre los medios gráficos, los allanamientos de AFIP, etc.

Se llegó al extremo de considerar al olvidado 7D como el nuevo día de la independencia, puesto que era el día en que gobierno le iba imponer la ley al Grupo Clarín. Circunstancia que al final no ocurrió por decisión de la Corte Suprema. 

Todos estos aprietes al Grupo Clarín, lo convirtieron en un supuesto débil, con el cual uno pudo hasta sentir ganas de ponerse de su lado aunque sea por un corto tiempo. Lo cual es mucho decir, después de todas las arbitrariedades y excesos de mercado que desarrolló durante largas décadas. Incluyendo esta última donde logró la aprobación de la fusión imposible Multicanal Cablevisión. 

En conclusión la ley con mucha fuerza y voluntad podría llegarse a considerar como constitucional, pero lo que de ninguna manera puede admitirse es que hasta la fecha la aplicación que se ha pretendido realizar de la misma no ha sido al menos arbitrario. 

Corresponde aclarar en el caso resuelto no estaba en discusión la forma en que se aplica la referida ley. Por eso lo más relevante del fallo es su mención acerca de la imperiosa necesidad de contar con una autoridad de aplicación independiente e idónea técnicamente (se ha demostrado claramente con su actuar que el AFSCA es un mero apéndice del Poder Ejecutivo), que los medios públicos no sean utilizados como espacio para repetir la propaganda gubernamental y la necesidad de una publicidad oficial distribuida en forma equitativa conforme lo ordenara en el pronunciamiento sobre el tema "Editorial Perfil" y que el Poder Ejecutivo Nacional viene ignorando olímpicamente. 

Que no se haya decretado la ley inconstitucional también ha dependido de la situación en que se encuentra uno de los grupos de medios más concentrado de la Argentina y los planteos que han diseñado sus asesores legales. Sin embargo dicha situación en nada obstaculiza la posibilidad que la ley sea modificada para ser mejorada, más cuando a cuatro años de su sanción no se ha podido lograr cumplir con uno de sus mayores logros como la pluralidad y diversidad de voces, alcanzando de esta forma empezar a bajar el volumen de las voces monopólicas de siempre


Unas palabras respecto a la estrategia jurídica del Grupo Clarín 

Se suponía que el Grupo Clarín a la larga iba a salirse con la suya, pero no la Corte Suprema lo decretó perdedor en esta larga batalla judicial. Pero si lo comparamos con una pelea de boxeo, el Grupo Clarín ha sido un perdedor por puntos, y por muy pocos. Es más claramente podría decirse que el fallo es al menos cuestionable, pero no escandaloso. 

Tal vez incurro en una descortesía profesional, al considerar que la defensa letrada de Clarín no estuvo a la altura de las circunstancias en una de las contiendas judiciales más importantes desde la recuperación de la democracia. Tuve la oportunidad de observar las audiencias amicus curiae en la Corte Suprema, y ya se notaba cierta levedad en las argumentaciones básicas sobre las que se apoyaba la posición de Clarín. Es más, ya la Corte Suprema lo había advertido a Clarín acerca de la falta de acreditación de la violación de la libertad de expresión, cuando se expidió sobre la cautelar. 

Sin embargo los letrados no siguieron el camino recomendado y prefirieron cargar las tintas sobre el perjuicio económico que se padecía, y que consecuentemente afectaba sobre la libertad de expresión. Incorporó al debate los conceptos de "sustentabilidad económica", etc, contra la dimensión del interés social y colectivo con la cual se llenaba la boca el Poder Ejecutivo, ya que en la aplicación práctica de la ley hay mostrados ejemplos de que ha omitido velar por dichos fines loables.   

En fín creo que esta gran guerra de la constitucionalidad ha terminado en el ámbito nacional. Ahora va empezar una nueva guerra de pequeñas escaramusas vinculadas con la aplicación de la ley.

Y tal vez si asesora correctamente el Grupo Clarín puede que se le admita la entrada al ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuestión que no veo fácil ya que si no hay una clara evidencia acerca de la afectación de la libertad de expresión va a resultar difícil. No debemos olvidar que un operador de medios venezolano lo acaba de conseguir pero ante una situación más extrema que la que ha padecido el Grupo Clarín.  

domingo, 7 de julio de 2013

Dos Tipos Audaces. Assange y Grondona.




Argentina en el año 2011 adoptó un sistema biométrico para el proceso de identificación de su población sin que hubiese demasiados cuestionamientos  a nivel general sobre el manejo de los datos digitales sobre cada uno de nosotros, salvo algunas contadas voces que advirtieron sobre los peligros que puede generar sobre la intimidad y la privacidad.

En el año 2012 estalla el mayor escándalo sobre el manejo en Internet de cierta información no autorizada y que involucraba  actividad de diferentes gobiernos así como de personajes políticos de tolo el mundo, conocido como Wikileak  y el famoso joven soplón Assange, que anduvo buscando asilo político en diferentes países eludiendo las varias órdenes de captura internacional por el delito de revelar información sin autorización. Finalmente Assange se asila en Ecuador, donde el gobierno de Correa no se destaca por respetar la libertad de expresión, y tal vez esta movida lo ayudaba a convertirse en el defensor máximo del derecho de acceso a la información, por más que su política interna es de controlar la mayor cantidad de medios.

En 2013 otro joven, Edward Snowden, hizo estallar otro escándalo en Estados Unidos al denunciar prácticas del gobierno de captación y conservación no autorizadas de datos sobre comunicaciones de millones de usuarios por parte del gobierno, por más que no se tratara del contenido de las mismas.  No sólo se está discutiendo quien va a asilar a Snowden al ser un nuevo perseguido diplomáticamente, sino el alcance de la vigilancia de los estados sobre la privacidad de sus ciudadanos basados en razones de seguridad.

No habiendo terminado de calmarse las implicancias del caso Snoweden, Assange vuelve a la luz pública, declarando que el gobierno argentina es uno de los que más vigila en la región, y resurgiendo a las críticas vinculadas con el manejo de los datos biométricos.

Sin embargo estos noveles personajes se contraponen a la estabilidad en la escena pública de Julio Grondona, Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino hace más de treinta cinco años, y también vicepresidente de la FIFA. Habiendo logrado convivir con todos los gobiernos de las últimas tres décadas de nuestro país como de la FIFA.  En uno de sus últimas decisiones en la AFA antes de su retiro, ha adoptado el sistema AFA plus de  acceso biométrico a los estadios.

Según dicho sistema para asistir a un partido de Primera División y del seleccionado argentino cada aficionado debe estar inscripto previamente en un Padrón Nacional de Aficionados. El empadronamiento se realiza en las sedes de cada club, debiendo suministrar, nombre, foto, domicilio, DNI y huellas digitales, recibiendo su carnet AFA plus que le permite comprar entradas e ingresar a los estadios.  Actualmente, son ocho los clubes que tienen sus obras avanzadas en el sistema: Lanús, Quilmes, Racing, Atlético Rafaela, Colón, Newell`s, Arsenal y Tigre.

El transporte público de pasajeros también cuenta con un sistema de manejo de datos personales transferidos a través de una tarjeta de pago de cada traslado, pero sin datos biométricos de los usuarios en juego. Los datos recabados no son más que los que tienen las companies de telecomunicaciones, con los metadatos, que si bien no incluyen el contenido de las comunicaciones, permite saber la ublicación  permantente del usuario, el momento de uso de las comunicaciones y los contactos personales. 

El gobierno ya ha tenido problemas con el manejo de datos vinculadas con actividades de inteligencia tendientes a vigilar a voces opositoras, conocido como Plan X, y sobre el cual nunca el gobierno aclaró el estado de situación del mismo.  Frente al fracaso compartido de las gestiones gubernamentales y de la AFA en cuanto a seguridad en el fútbol, resulta poco aliciente que el manejo de esa información sensible se ponga como íter fundamental para lograr controlar la inseguridad enquistada en todos los estamentos del fútbol profesional.

El riesgo del manejo irracional de la información biométrica se acrecienta cuando dichas prácticas son permitidas a sujetos con gestiones que no se han caracterizado por la transparencia en la información vinculada a su administración. Sin dudas la voz de Assange merece ser escuchada más cuando se refiere al manejo de información por parte de los gobiernos. Argentina ha sido el único país que ha llamado la atención de Assange, y sin que pueda considerarse como un revanchismo político internacional dado que los gobiernos de Ecuador y Argentina son aliados.

El llamado de atención dado por Assange debe enmacarse en un contexto donde los gobiernos se encuentran sumamente cuestionados en cuanto al respeto y cuidado de los derechos humanos de la ciudadanía frente a las funciones de vigilancia y seguridad asumidas sin contornos claros bajo la excusa de prevenir el terrorismo internacional, y que cuentan con diferentes grados de complicidad del sector  privado.

Ahora bien, en los últimos diez años el gobierno nacional argentino no se ha caracterizado por demostrar preocupación alguna con la inseguridad acrecentada por factores locales. Ante la falta de una política planificada de seguridad parece innecesario que un gobierno poco tolerante con los detractores de sus políticas, cuente con un montón de datos personales que le permitan vigilar y controlar a aquellos que más le interesen.

Sin dudas que concurrir a un estadio va a ser mucho más difícil de lo que es hoy en día, lo que sin duda beneficia a Fútbol para Todos, ya que va a resultar el medio más accesible para seguir a tu equipo de fútbol en forma gratuita. No creo que haya muchas esperanzas en que aquellos que viven fuera del marco de la legalidad vayan a aceptar brindar sus datos personales para entrar en los estadios.  Ante lo cual van a convivir en los estadios, aquellos ciudadanos que resignaron a su privacidad sin una razón clara con los inadaptados de siempre que van a permanecer invisibles ante los controles que quieran registrar su presencia.

Tal vez la advertencia de Assange para algunos puede no ser tan grave, más si consideran que una alerta sobre violaciones de derechos humanos tiene un efecto temporario. Es decir siempre cumple con la premisa del que todo pasa.  



lunes, 1 de julio de 2013

La justicia Penal Económico advierte sobre situaciones que implican sospecha de concreción de maniobras fraudulentas para evadir el pago de impuestos en la transferencia de jugadores.


La Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Económico en el caso ¨Bottinelli¨ que aparte de las famosa triangulación  a través de un club extranjero (en este caso el Club Deportivo Unión San Felipe de Chile) también resultan indicios suficientes para sospechar la posible concreción de maniobras fraudulentas tendientes a evadir el pago de impuestos las siguientes maniobras en las transferencia de jugadores:
i)              la fragmentación en dos contratos de una transferencia, uno correspondiente a la transferencia del jugador y otro por una futura colaboración deportiva entre los clubes intervinientes en la transacción. Y que el valor de la póliza de seguro contratada por River sea por un valor equivalente a la suma de ambos contratos. Caso Buonanotte de River de Argentina al Málaga de España.
ii)             El porcentaje que corresponde al jugador se abone con dos cheques, y que el jugador solamente cancele uno de los cheques. Caso Higuain de River de Argentina al Real Madrid.
iii)           Pago de las comisiones correspondientes por la intermediación en el pase a sociedad holandesa por el club adquirente del jugador. Caso de Lamela de River de Argentina a la Lazio de Italia.